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ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESARROLLO LOCAL: CONDICIONES PREVIAS PARA LA APLICACIÓN DE MECANISMOS MULTIACTOR

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El desarrollo del sector extractivo en el país ha generado alto impacto económico (directo e indirecto) en las últimas décadas. Ello no solo ha sido resultado de los mecanismos de distribución de la renta como el canon y regalía, sino también por el volumen de inversión social voluntaria desplegada a través de diversos mecanismos durante los últimos 20 años. Es sorprendente, por ello, encontrar que persisten diversos problemas sociales en el entorno de operaciones de relevancia económica para el país, como la desnutrición crónica, bajo nivel educativo, carencia de saneamiento básico, desempleo, e inequidad. Ante esta dicotomía, es válido cuestionar por qué el desarrollo de este sector no ha podido garantizar una mejora substancial de la calidad de vida de las poblaciones aledañas.

Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo del contexto peruano. De hecho, lo presentan la mayoría de países ricos en recursos naturales no renovables y por ello ha sido estudiado bajo la controversial teoría de “la maldición de los recursos”. Esta teoría ha sido refutada y replanteada en la última década, destacando el rol que tienen las instituciones a nivel nacional y sub-nacional para poder canalizar los ingresos de las actividades extractivas en oportunidades de desarrollo. Habiendo evaluado el desarrollo de países que pudieron revertir o evitar este fenómeno, como Canadá, Australia y Noruega, algunos investigadores, incluso, han denominado el fenómeno como una “maldición de las instituciones” más allá de los recursos naturales con los cuales se cuente en un territorio. Ello ha sido reforzado con el estudio de países donde la debilidad institucional ha propiciado la corrupción y ello impedido que los recursos sean bien utilizados, como es el caso peruano.

Desde el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se han implementado iniciativas de planificación del territorio donde se encuentran actividades extractivas, como por ejemplo en Colombia y Chile, en las cuales se ha demostrado la importancia de la colaboración de diversos actores públicos y privados. De hecho, a nivel global, los mecanismos y alianzas multiactor se han posicionado como una modalidad para promover la innovación en el uso de recursos y acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos mecanismos se caracterizan por sostener relaciones entre organizaciones de diferentes sectores, las cuales combinan sus recursos y competencias y comparte riesgos para alcanzar objetivos colectivos que les aporta a sus objetivos individuales también. Generalmente involucran uno o más actores del gobierno, sector privado, sociedad civil y agencias de cooperación internacional o multilaterales, pudiendo servir para una variedad de propósitos y existen diversos modelos para su diseño y aplicación.

En el contexto local peruano, donde la alta rotación de funcionarios municipales resulta un impedimento para construir estrategias de largo plazo, este enfoque aparece como una alternativa retadora para construir agendas de desarrollo en temas específicos y a lo largo de diferentes etapas como: consulta previa, monitoreo y evaluación ambiental, inversión de la renta extractiva, rendición de cuentas y procesos de negociación. Sin embargo, como todo instrumento o metodología requiere de un contexto propicio. Un elemento fundamental es la existencia de liderazgos locales e interlocutores de la sociedad civil, quienes puedan participar y hacer monitoreo de las acciones conjuntas acordadas. En un estudio de casos reciente aplicado en las provincias de Huari y Espinar se encontró que realmente es poco el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre los ingresos que tienen sus Municipios a causa de las actividades extractivas.

Si bien podemos identificar diversos obstáculos para promover la transparencia en las instituciones, también es posible reconocer un bajo nivel de interés en las organizaciones de la sociedad civil para solicitar información y participar de diversos mecanismos como el plan de desarrollo concertado, el presupuesto participativo, comités monitoreo ciudadano, entre otros. Ello implica un trabajo de empoderamiento y formación de líderes comunitarios, que tengan capacidad de interlocución de las poblaciones vulnerables y que no se organicen únicamente con fines políticos o intereses individuales. Entonces, las plataformas multiactor en contextos como en el peruano donde las instituciones públicas locales son aún débiles, requieren de una sociedad civil organizada y con voz propia, que pueda participar activamente en diversas plataformas y haga sostenible las agendas y acuerdos para el desarrollo local.

 

 

 

 

Industrias extractivas y prevención de conflictos

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EL día de ayer (30/11/15), aprovechando el marco de la COP 21, se lanzó la última edición de la revista Business, Peace and Sustainable Development. La revista es publicada por GreenLeaf Publishing en asociación con GSE Research y PRME, con el objetivo de promover la reflexión sobre el rol del sector privado en objetivos de desarrollo sostenible y particularmente en la reducción de la violencia en la cadena de valor.

He tenido la oportunidad de participar en esta edición con mi artículo Extractive Industries and Conflict Prevention: Social Intervention Model for South America, el cual parte de los desafíos que el sector enfrenta para asegurar la viabilidad de sus operaciones. La expansión de los conflictos que han resultado en episodios de violencia, con altos costos no solo para las empresas sino también para las comunidades y el sector público, viene despertando el mayor interés en este sector por desarrollar mecanismos de relacionamiento efectivos que puedan prevenir a tiempo las tensiones alrededor del manejo de recursos naturales. Por ello, mi artículo analiza los principales factores que originan la conflictividad, que podrían considerarse al planificar iniciativas para mejorar la governanza de recursos naturales. A partir de ello, se proponen algunas ideas iniciales para construir un modelo de intervención social orientado a la prevención de conflictos y la construcción de relaciones de confianza entre los actores clave, facilitando que la industria extractiva contribuya con el desarrollo actuando como un catalizador del desarrollo local.

Los invito a leerlo! Son bienvenidos los aportes para seguir avanzando en el entendimiento de esta problemática.

 

CONFLICTOS MINEROS EN LAS ETAPAS DEL CICLO PRODUCTIVO: PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN RECURRENTES EN OPERACIONES

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No es ninguna novedad que los conflictos relacionados a las actividades mineras han incrementado en la última década, ocasionando eventos de alto nivel de violencia y generando impactos en las poblaciones locales y la potencialidad de competitividad del país. Mensualmente, tenemos acceso a reportes de conflictividad que nos indican que la mayoría de conflictos son de carácter “socioambiental” y dentro de esta categoría un mayor porcentaje estaría asociado con actividades mineras. El registro de dicha tendencia amerita entonces un análisis a profundidad sobre lo que está sucediendo alrededor de los conflictos mineros.

La mayoría de conflictos que han trascendido a la opinión pública se han comunicado como proyectos en los que la principal preocupación de las comunidades afectadas han sido los impactos ambientales existentes o potenciales. Sin embargo, dicho entendimiento puede hacer perder de vista que existe una gama más amplia en la tipología de conflictos que vienen sucediendo y los temas de fondo recurrentes. Lo cierto es que, si analizamos los casos de conflictividad mineros, podemos identificar que una primera distinción puede estar relacionada a la etapa que atraviesa en el ciclo de vida productivo.

En este artículo, el foco se encuentra en las operaciones mineras. Tomando en consideración que el conflicto de interés es inherente al relacionamiento entre una empresa minera y una comunidad impactada, es posible reconocer que los conflictos en operaciones pueden permanecer latentes a lo largo del relacionamiento. La comunicación constituye un aspecto clave en la construcción de percepciones a lo largo del relacionamiento entre una empresa minera y las comunidades aledañas. Es por ello que, tanto las expresiones como las formas de canalizar los intereses en conflicto se han convertido en asuntos de análisis para el enfoque comunicativo.

A pesar de que las operaciones en mediana y gran minería han mejorado sustantivamente sudesempeño en gestión de sostenibilidad, no se ha logrado superar el descontento de la población local. Dicha problemática se encuentra directamente relacionada con la ausencia de capacidades en los gobiernos locales y también a la presencia de corrupción, lo cual dificulta que los ingresos por canon minero se traduzcan en proyectos de inversión pública que eleven la calidad de vida local. Asimismo, resulta relevante la debilidad organizativa en las comunidades y la ausencia de liderazgos representativos que canalicen los intereses de la población. Suele suceder que, los líderes demandan iniciativas poco sostenibles a la empresa y que exista escaso interés por planificar el desarrollo de la comunidad.

En este descontento, hay algunos elementos clave que pueden considerarse, como se refleja en el siguiente gráfico:

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Respecto a la empleabilidad, se puede reconocer que el sector minero ha incrementado notablemente el requerimiento de personal técnico en la última década. Sin embargo, dicha demanda no necesariamente tiene impacto en la economía de las comunidades, pues a causa de los niveles de pobreza que presentan las mismas se suele contratar personal de la ciudad más cercana o de la capital de provincia. Esta situación suele generar descontento en la comunidad, dado que sólo tendría oportunidad de acceder a oportunidades de empleo no calificado, las cuales se van reduciendo conforme avanza el ciclo de vida de la operación.

Al respecto, es importante tomar en cuenta que el empleo indirecto generado por la minería no siempre es aprovechado para mejorar la reputación de las empresas. Dada la magnitud de procesos tercerizados en la industria, son los proveedores y contratistas quienes van a tener un impacto significativo en la generación de empleo y consumo de productos / servicios locales. Sin embargo, dicha dinamización económica, generalmente, no es reconocida por las comunidades y las empresas tampoco realizan suficientes esfuerzos para comunicarla y ponerla en valor.

De hecho, en respuesta al descontento manifestado, las empresas mineras han emprendido iniciativas sociales que empezaron como filantropía / donaciones y han ido migrando hacia proyectos / programas de desarrollo sostenible. Al comienzo, estas iniciativas estuvieron orientadas a disminuir tensiones existentes, o a responder a demandas específicas de los líderes comunitarios. Sea cual fuere la motivación de las iniciativas, éstas han tenido bajo retorno en la reputación de las empresas, frente a la inversión realizada.

Los procesos que estarían haciendo falta entonces es fortalecer el compromiso e involucramiento de la comunidad en todas las iniciativas emprendidas, así como destinar esfuerzos para dar a conocer el beneficio generado entre toda la población. De hecho, la implementación de proyectos sociales a cargo de ONG o empresas especializadas, pocas veces incluye una exigencia por parte de la empresa para garantizar que el contratista manejará indicadores de reputación y prevención de conflictividad.

Por otro lado, se ha posicionado la idea de que la minería representa un alto riesgo ambiental, debido al antecedente de una actividad poco regulada en la historia de la industria. Sobre la base de este referente, el discurso opositor a la minería sostiene que la actividad no genera desarrollo, sino que compite y acapara recursos escasos; perjudica la dotación de agua; deteriora y contamina los recursos existentes; incrementa el costo de vida y la inseguridad; y genera inequidad y desigualdad en la distribución de la riqueza. Ello puede adquirir credibilidad en un contexto de desinformación sobre los nuevos estándares de gestión minera, los que requieren de una estrategia de comunicación sólida por parte de las empresas y el Estado.

Finalmente, existe un aspecto que es transversal a todo lo mencionado y es el relacionamiento cotidiano. En la actualidad, si bien las empresas cuentan en su mayoría con departamentos de comunicaciones y/o relaciones comunitarias se cree todavía que tienen toda la responsabilidad en el desarrollo de buenas relaciones. No obstante, la proyección de la empresa que se construye en la comunidad es una suma de comportamientos de todos los trabajadores que interactúan con ella.

Suele suceder, entonces, que los departamentos de relaciones comunitarias desarrollen estrategias e iniciativas prometedoras, pero que otros departamentos como operaciones, ambiente, seguridad, etc. no estén alineados al estilo de relacionamiento manejado. Asimismo, se viene descuidando los estándares de relacionamiento comunitario que mantienen los proveedores, a pesar de constituir piezas clave en la historia de relacionamiento con la comunidad. Lo cierto es que, de suceder algún incidente con los proveedores / contratistas o un mal relacionamiento, la empresa será impactada definitivamente.

Publicado originalmente en Revista Minería y Energía Edición Nº 28, p.80. Disponible en:

http://en.calameo.com/read/00056487398a07fbcbe65

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